El año pasado, como parte de la revisión sobre la efectividad de las medidas asimétricas de preponderancia en telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció la separación funcional de la infraestructura de Telmex-Telnor. Esta medida busca detonar el acceso efectivo a la red local, debido a la omnipresencia del agente económico preponderante (AEP), América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim.
La disposición del IFT se realizó tomando como referencia experiencias regulatorias internacionales, como en el caso de Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, en las que se llevó a cabo un proceso separación funcional de sus respectivos operadores dominantes.
Recientemente, el órgano regulador aprobó el Plan Final de Separación Funcional de Telmex, después de la presentación de una propuesta del AEP: la creación de un Grupo de Transición (conformado por personal de Telmex y del IFT), la solicitud y aplicación de modificaciones al plan propuesto, pues el AEP declaró que la propuesta presentada hace un año, cambió algunos estatutos que etiqueta como poco viables e incorrectos.
Imagen Vía El Heraldo
¿En qué consiste la separación estructural de Telmex-Telnor?
En el plan propuesto, se enfatiza que la separación funcional tiene como objetivo detonar la competencia en infraestructura, garantizar el acceso a este servicio por parte de los competidores, además de mejorar las condiciones de prestación de la banda ancha fija en términos de penetración, velocidad, cobertura y precios al usuario final. Además, pretende coadyuvar en la labor del IFT de monitoreo y supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas asimétricas impuestas al AEP.
La implicación económica y regulatoria detrás de esta medida es que se impondrán barreras a la nueva entidad mayorista frente al negocio minorista, frenando así la posibilidad de que se obstaculice el acceso a los servicios de la red local y compartición de infraestructura a sus competidores.
¿Regaño o castigo?
A pesar de que se prevé que la empresa mayorista tenga una junta directiva propia, el plan de separación no garantiza que las decisiones sean realmente independientes y respondan a las necesidades de inversión e intereses de las empresas mayoristas en lugar de aquellas de su compañía de origen de la cual serán subsidiarias directas.
Acatando las normas
No obstante, se deja en evidencia la insuficiencia de la medida para alcanzar el objetivo, ya que se trata de una medida de carácter ‘conductual’ que no elimina los incentivos a impedir el acceso a la red local del operador dominante. Tal es el caso de las experiencias regulatorias de las compañías British Telecom-OpenReach (Reino Unido) y Telecom Italia-Open Access (Italia); de hecho, en esos países se busca la implementación de políticas de separación más profundas para lograr su eficacia.
En el caso de México, se cuestiona si será suficiente con la separación funcional para acabar con las conductas de discriminación a los competidores, o bien debería aplicarse la separación estructural al preponderante.
Es necesario pues, evitar que se continúe escatimando en las medidas regulatorias y en los avances en competencia, pues la implementación de la medida tomará, en el mejor de los casos, hasta dos años, poniendo en suspenso la materialización de beneficios esperados.
