Recientemente, el Presidente López Obrador reiteró el atraso que sufrimos en cuanto al acceso y disponibilidad de conectividad, ya que sólo el 25% del territorio está conectado, y para ver otra perspectiva del tema te compartimos un análisis de la firma consultora The Competitive Intelligence Unit sobre la penetración y calidad de los servicios de telecomunicaciones en México.
Debido a la mencionda cifra de accesibilidad se justifica como prioritario el programa Internet para Todos (antes conocido como México Conectado), pero también permite relanzar nuevas bases de licitación para la Red Troncal, a fin de brindar acceso gratuito en carreteras, plazas, parques, escuelas y otros espacios públicos para aumentar la huella de cobertura de redes de comunicación.
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El sector telecom depende tanto de la alineación de estándares internacionales, tecnológicos, de homologación de equipos, administración de espectro, así como del diagnóstico y dimensionamiento del acceso a servicios. Para definir el acceso a servicios de telecomunicaciones, la métrica empleada por convención internacional es la penetración o teledensidad poblacional.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este coeficiente es el resultado de dividir el número total de accesos o suscripciones a un servicio en específico entre la población de una región o país, multiplicado por 100, para expresar la proporción por cada centenar de habitantes.
En este sentido, el Índice de Desarrollo TIC (IDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) incluye un subíndice de acceso que está compuesto por términos poblacionales o de hogares. En este sentido, México registró en 2017 una teledensidad móvil de 88.2 líneas por cada 100 habitantes, 45.6% de hogares con computadoras y 47.0% de hogares con Internet.
Por su parte, un reporte de la OCDE registra 13.3 suscripciones de banda ancha fija por 100 habitantes (en comparación, Brasil registra 13.7 y Colombia 12.9) y el Índice de Conectividad Global ubica a nuestro país en la categoría de adopción intermedia de conectividad, con métricas similares a las de países como Argentina, Brasil, China, Colombia y España.
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Como también sucede a nivel internacional, las métricas de disponibilidad de conectividad no tienen que ver con proporción geográfica, sino con la cobertura de servicios o la extensión lineal de su despliegue.
Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cobertura de servicios móviles 3G de telefonía y datos alcanza el 88.4% del total de la población, mientras que el 4G llega a 84.1%. Además, el acceso a Internet móvil aumentó más del 200%, es decir, 67 de cada 100 personas contaban con este servicio al mes de septiembre de 2018.
En cuanto a servicios fijos, la penetración de la telefonía fija es de 60 líneas por cada 100 hogares, 53% de estos cuentan con Internet y 66 de cada 100 tienen televisión de paga, con un incremento de accesos de fibra óptica de 500% desde el 2013. Asimismo, los accesos con una velocidad superior a los 10 Megas incrementaron en más de 1,500%.
Las mediciones más recientes de The Competitive Intelligence Unit ubican la penetración o teledensidad de servicios móviles en 95.1% de la población, con un total de 119.5 millones de líneas al tercer trimestre de 2018.
Penetración Nacional de Servicios de Telecomunicaciones | Gráfica vía The CIU
En términos de tenencia de equipos para el acceso a conectividad, 85 de cada 100 mexicanos contaban con un teléfono inteligente al final del 2018. Esto significa que la tenencia de estos dispositivos asciende a 106.5 millones. Entre estos, 45% son smartphones de gama baja, 49% corresponden a la media y sólo el 6% son de gama alta.
¿Vale la pena una cobertura a nivel nacional?
Según la Comisión Nacional Forestal, el 70% de la extensión de México se encuentra conformado por zonas forestales o acuíferas, es por ello que vale la pena preguntarse de qué serviría contar con una red integral a Internet en un territorio inhabitado o inhabitable. Más aún, si hay entidades federativas que registran muy limitada población y una amplia dispersión poblacional, como en el caso de Chihuahua.
Esto resultaría en un desaprovechamiento de recursos para las empresas, al invertir en lugares en los que no sea rentable operar. Tampoco la inversión pública se beneficiaría en brindar recursos para el despliegue de infraestructura en zonas que no generan tráfico por el uso de servicios, ni ayuda a la conectividad poblacional.
