Uno de los problemas que se ha intentado combatir en los últimos años es la brecha de la conectividad universal existente en México, de modo que cada vez más ciudadanos tengan acceso a la red a través mejores dispositivos y una mayor inversión en infraestructura.
No obstante, recientemente un grupo de políticos han propuesto una iniciativa que podría poner en riesgo los avances conseguidos a día de hoy y afectar directamente a los usuarios de equipos inteligentes. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo decimos a continuación, con información de The CIU.
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Senadores ponen en riesgo la conectividad universal en México
En abril de 2020, en medio de la crisis pandémica, el entonces diputado de Morena, Sergio Mayer Breton, realizó una propuesta para imponer un canon a soportes, aparatos, instrumentos técnicos o cualquier otro dispositivo que permitiera el almacenamiento, compactación, duplicación o reproducción sonora, visual o audiovisual de cualquier contenido protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).
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Para la buena fortuna de los consumidores, la iniciativa se desechó poco después. Sin embargo, recientemente un grupo de Senadores de la República, entre los que destacan Ricardo Monreal, Miguel Osorio, Miguel Ángel Mancera y Alejandro Armenta, retomaron la idea con una ligera modificación.
De este modo, intentan hacer creer ingenuamente que imponer un aumento en los costes a los fabricantes no afectará a los compradores finales.
Pero, ¿en qué se fundamenta dicha proposición? Básicamente, en que todos los dueños de un smartphone, computadora, tableta, decodificadores de TV, servidores, tarjetas de memoria, etc., se dedican a infringir los derechos de autor.
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Lo anterior carece de sentido, pues lejos de perjudicar al autor intelectual de las obras, estos equipos incentivan a consumir y contratar servicios digitales y de streaming de manera legal. Por consecuencia, la recaudación conseguida por la piratería tiende a la desaparición gracias a los nuevos hábitos de consumo digital.
Por si fuera poco, una hipotética aprobación de la propuesta generaría una subida de precios en un contexto de crisis económica, lo cual se traduciría en la disminución de la compra de dispositivos inteligentes.
En adición, los mismos operadores móviles han reportado pérdidas derivadas de la inflación y otras dificultades económicas a nivel global durante los últimos tres trimestres. Por ende, un aumento en los costos agravaría aún más la situación y la adquisición de sus equipos.
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Todo esto sin mencionar que los principales afectados serían los sectores de la población con menores ingresos, cuando debería ser lo contrario: el gobierno tiene la responsabilidad de impulsar la adopción de herramientas tecnológicas y así reducir la brecha digital en la República Mexicana.
Ahora bien, vale la pena señalar que el canon digital se echó a andar hace más de dos décadas luego del boom en el uso de casetes, CD, DVD y demás medios de soporte tradicionales. Actualmente, la recaudación por esta vía se encuentra a la baja en la mayoría de las naciones en las que se encuentra vigente, debido al remplazo de los medios tradicionales por otros digitales.
En conclusión, la iniciativa procedente del senado ha de rechazarse nuevamente, pues por tercer año consecutivo se trata de una idea carente de sentido, la cual atenta contra los preceptos de un gobierno que debería enfocarse en impulsar la conectividad universal y facilitar mejores dispositivos a los ciudadanos con menos recursos.
